El 3 de junio entró en vigor la Resolución Número 54 del 2018 del Ministerio del Comercio Interior, que regula la protección al consumidor en el país y tiene como principal objetivo contrarrestar las ilegalidades y prácticas engañosas en el sector.

La medida ha generado expectativas de mejoría entre los pobladores de la nororiental provincia de Holguín, pero el desconocimiento de su contenido atenta contra su certera aplicación.

En entrevista con varios consumidores del mercado “Los Chinos” del municipio cabecera, comprobamos que la mayoría ha escuchado hablar de la Resolución en los noticieros radiales y televisivos del territorio y la nación. No obstante, no saben cuáles son sus estamentos. Tal es el caso de la jubilada Idalia Abreu y la bibliotecaria Yamila Solás, quienes aseguraron no conocer sus detalles, aun cuando se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 4 de mayo del 2018.
 
La norma rectora además de eliminar la dispersión legislativa en cuanto al tema, fomenta la cultura de la inconformidad y de denunciar lo mal hecho, prácticas que se han ido perdiendo entre los usuarios. Así lo demuestran las palabras de la ama de casa Isis Tarragó, para quien “a veces faltan algunos gramos en el pesaje, pero eso se ha vuelto algo común en los mercados”. En tanto, la enfermera Mayra Rodríguez afirmó que “por la premura con que voy a comprar casi nunca verifico el pesaje”.

La implementación de este instrumento jurídico contrarresta también las indisciplinas e ilegalidades que afectan a los ciudadanos en la prestación de los servicios. Quienes se encuentran tras el mostrador e incurran en ellas podrán ser sancionados con multas e incluso privación de libertad de seis meses a dos años, según consta en el delito de Engaño al Consumidor, del actual Código Penal.

Los trabajadores del mercado señalaron que conocen cuáles son las medidas que se les puede aplicar y que los que antes cometían estos actos delictivos lo van a pensar dos veces antes de hacerlo.

Ante la pregunta de si ahora las libras van a pesar las 16 onzas que deben ser, los vendedores afirmaron que no pueden ser de 15, que son de 16, y que están al tanto de que si se considera que la afectación al cliente es intencional, además de medidas administrativas, pueden pasar incluso a la Fiscalía.

La política se proyecta también por la salvaguarda de los requisitos de calidad, entre estos la inocuidad de los alimentos, la venta completa en composición y peso, y el cobro de mercancías en el precio real.

Igualmente, apuesta por fortalecer el sistema de garantías a los servicios y productos ofertados y reafirma la inviolabilidad de los derechos del consumidor, como la posibilidad de recibir compensación, indemnización y reparación por los daños y perjuicios  sufridos.

Con lo que regula la Resolución 54 del Ministerio del Comercio Interior se puede esperar una mejoría en la protección al consumidor en Cuba, pero esto no puede quedarse solo en el papel. Cumplir con lo establecido y ofrecer un servicio de excelencia son las palabras de orden en aras de satisfacer con calidad las necesidades de la población.